La Presidenta de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abre el examen preliminar del caso de Venezuela.
La denuncia se reafirma con una respuesta ágil y rápida de la Corte Penal Internacional ante los crímenes de lesa humanidad, que desgraciadamente se están cometiendo día a día en Venezuela. Con ello se cumplirá uno de sus fines, que los autores de los más execrables crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, no queden impunes.
El abogado Blas Imbroda, presidente de la International Criminal Bar, se sumó a la iniciativa de la removida Fiscal General de Venezuela para conseguir que la Corte Penal de La Haya juzgue al mandatario y a varios militares chavistas por delitos de lesa humanidad. El jurista, quien preside una de las organizaciones de abogados más importantes del mundo, es experto en Derecho Penal y Penal Internacional y profesor de las universidades de Melilla e Isabel I.
La denuncia de la fiscal estuvo centrada directamente en contra del mandatario; el ministro de defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y otros funcionarios ligados a cuerpos de seguridad del estado.
Luisa Ortega Díaz no quiere que la demanda por delitos de lesa humanidad contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y cuatro generales chavistas termine en una papelera de la Corte Penal Internacional como otras acciones que han llegado en los últimos años; y por ello la Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente no sólo se tomó cuatro meses en prepararla sino que se asesoró con expertos.
Uno de ellos la acompañó a La Haya (Holanda). Se trata del abogado español Blas Jesús Imbroda, quien es experto en Derecho Penal y Penal Internacional, profesor de las universidades de Melilla e Isabel I de España y desde febrero de este año preside la International Criminal Bar (Colegio de Abogados Penales Internacional) una organización creada en 2002 con el propósito de impulsar la justicia penal internacional y así evitar que crímenes graves queden impunes en el mundo.
Antes de ser designado para dirigir la agrupación, ya había sido elegido presidente de la Comisión de Extranjería y Protección al Inmigrante del Consejo General de la Abogacía de España y presidente del Colegio de Abogados de Melilla.
Imbroda es de la tesis de que Maduro debe ser juzgado por la Corte y así lo dejó en claro en un artículo publicado en agosto por el diario madrileño ABC, donde afirmó: “La sucesión de hechos (en Venezuela) es terrible: Un número interminable de muertes llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en la brutal represión que se hace contra las manifestaciones y movilizaciones contra el régimen dictatorial. Numerosas y continuas detenciones arbitrarias. Encarcelamientos y privaciones graves de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Torturas. Persecuciones por motivos políticos. Desapariciones forzadas de personas. Esos actos y esa terrible forma de actuar vienen expresamente tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), como Crímenes de Lesa Humanidad que desgraciadamente se están cometiendo día a día en Venezuela. Con ello se cumplirá además uno de sus fines, que los autores de los más execrables crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, no queden impunes”.
Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas durante la represión a la ola de protestas de este año forma parte de la querella, pero no son el centro, pues ella abarca además los crímenes ocurridos en el marco de los últimos planes de seguridad, entre ellos la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la militarización de la seguridad ciudadana y los excesos cometidos por el temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
500 páginas y miles de pruebas.
Uno de los requisitos para que prospere la acción que Ortega Díaz intentó contra Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol Torres, así como contra el jefe del Sebin (policía política), Gustavo González López, y el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, respectivamente, es que esté sustentada y la funcionaria aseguró que lo está.
“Presentamos un documento de más de 500 páginas escrito en español, pero además entregamos miles de pruebas. Experticias médico-legales, psicológicas y actas de entrevistas con víctimas de ejecuciones, torturas, detenciones ilegales y demás crímenes que el Gobierno ha venido cometiendo sistemáticamente desde enero de 2015”, reveló la jurista en conversación telefónica.
En total Ortega Díaz presentó a la Corte, junto a su querella, 39 carpetas y 12 CD llenos de información para sustentar su demanda.
Asimismo no descartó incluir a más funcionarios a futuro. “Dejamos la puerta abierta para que se amplíe la demanda. Es posible que más funcionarios que han acatado las órdenes de estos que ya denunciamos y que han cometido crímenes de lesa humanidad sean señalados más adelante”, alertó, sin precisar si tiene en la mira sólo a militares o también a civiles.
Así pues, como consecuente la CPI anuncia la apertura de exámenes preliminares en Venezuela y Filipinas. En últimas declaraciones de la Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda se pudo extraer: “El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. En virtud del Estatuto de Roma, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales. Destaco que un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma. Específicamente, según el artículo 53(1) del Estatuto de Roma, yo, en mi calidad de Fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, la admisibilidad y los intereses de la justicia para tomar esa determinación.
De conformidad con el principio de complementariedad, el cual es la piedra angular del sistema jurídico establecido por el Estatuto de Roma, y dentro del marco de cada examen preliminar, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades nacionales respectivas con miras a interactuar con éstas y evaluar toda investigación y todo enjuiciamiento relevante llevado a cabo a nivel nacional.
A lo largo del ejercicio independiente e imparcial de su mandato, la Fiscalía también tomará en cuenta toda comunicación y punto de vista que se le presente durante el transcurso de cada examen preliminar, y seguirá estrictamente los requisitos del Estatuto de Roma.
No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un examen preliminar. Según los hechos y las circunstancias de cada situación, decidiré si iniciar una investigación, sujeto a revisión judicial cuando corresponda; continuar con la recopilación de información para establecer un fundamento fáctico y jurídico para tomar una determinación; o declinar la apertura de una investigación si no existiera un fundamento razonable para proceder.
Reitero que la Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, de acuerdo con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables de la Corte. Al hacerlo, esperamos contar con la plena cooperación de las autoridades nacionales competentes en Venezuela.
La CPI tendría competencia sobre los crímenes de genocidio y lesa humanidad y crímenes de guerra si fueran cometidos en los respectivos territorios de Filipinas y de Venezuela o por sus respectivos nacionales a partir de la fecha en que el Estatuto entró en vigor en cada Estado; a partir del 1o de Julio de 2002 en Venezuela.”
