POR ERIKA TORREGROSSA,
SECRETARIA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS PENAL INTERNACIONAL
El Colegio de Abogados Penal Internacional BPI-ICB-CAPI se une al rechazo, denuncia y condena al asesinato de líderes y lideresas en La República Colombia. Crímenes que se están produciendo, a pesar de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
Datos alarmantes comunicados por La Defensoría del Pueblo hacen constar que en 2016 fueron asesinados 120 activistas y defensores de derechos humanos, 33 han sufrido atentados y se han registrado 27 agresiones de líderes y lideresas sociales y activistas defensores de derechos humanos y 430 se encuentran amenazados.
En el transcurso de 2017, se han registrado de 24 asesinatos a líderes y lideresas sociales pertenecen a organizaciones sociales, de que forman parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y que trabajan construyendo la paz que tanto anhela el pueblo colombiano.
Estos atentados sistemáticos contra activistas sociales, constituyen un crimen contra la humanidad y no pueden quedar incontestados porque, además de cercenar vidas, son ataques frontales al estado de Derecho y a la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
- Es necesario una condena unánime de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en la República de Colombia y en cualquier lugar del mundo que se produzca.
- No es posible mantener un Estado de Derecho cuando se amenaza y asesina a quienes defienden los derechos humanos. Las amenazas y peor aún, los asesinatos, deben ser investigados y procesados con prioridad por el Estado mismo, en defensa del sistema democrático que pretende mantener y de la defensa de la paz.
- Nos unimos al rechazo y preocupación expresada por las organizaciones sociales y políticas de colombianos y colombianas en la emigración y el exilio, junto con otras organizaciones europeas.
Instamos a las instancias responsables:
- A realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre estos asesinatos, con la intención de llevar ante la justicia a los que son responsables de estos crímenes.
- A proporcionar una protección eficaz a todos los activistas sociales, que permita que puedan continuar con sus actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso, represalias y la pérdida de su propia vida y a utilizar todos los medios legales a su alcance, para terminar con este flagelo en forma definitiva, cumpliendo sus compromisos con las Convenciones de Derechos Humanos que llaman al respeto y protección del derecho a la vida.
Barcelona, 2 de marzo de 2017
Foto: Camilo Rueda Lopez
