Las autoridades de Somalilandia el 18 de abril de 2015, detuvieron a un destacado activista de los derechos humanos, al parecer por señalar la ejecución del gobierno del país de seis prisioneros. La policía arrestó a Guleid Ahmed Jama después de que hiciera declaraciones en la radio denunciando las ejecuciones, la primera en Somalilandia en casi una década. Las autoridades le deben liberar y retirar los cargos contra él inmediatamente.
Guleid, de 29 años, es abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos, una de las pocas organizaciones de vigilancia de los derechos humanos independientes de Somalia. Ha sido acusado de propaganda "anti-nacional" y otros delitos, y se enfrenta a hasta seis años de prisión o más. Inicialmente, la policía lo mantuvo aislado y le negaron el contacto con su familia.
"Los activistas de derechos humanos no deberían ser procesados por expresar sus preocupaciones", dijo Leslie Lefkow, diputado director para África de Human Rights Watch. "Cada día que las autoridades mantienen a Guleid en la cárcel es otro día de reveses para los derechos humanos en Somalia."
Los cargos criminales contra Guleid violan su derecho a la libre expresión y parecen destinados a intimidar y silenciar las críticas al gobierno, dijo Human Rights Watch.
La policía arrestó a Guleid, por orden de un juez de la corte regional, la mañana del 18 de abril como estaba representando clientes en la corte regional en Hargeisa, capital de Somalilandia. Inicialmente, la policía lo llevo al Departamento Central de Investigación y luego lo trasladaron a la comisaría central de Hargeisa.
El arresto de Guleid se produjo dos días después de que el servicio somalí de la BBC transmitiera una entrevista con él, el 13 de abril, donde cuestionaba la ejecución del gobierno de los seis hombres, que habían sido condenados por asesinato. Guleid expresó su preocupación debido proceso en casos de pena de muerte, en particular los que se manejan en el fuero militar. También pidió judicial, la policía, y las reformas legislativas. El juez del Tribunal Regional, quien ordenó su detención le preguntó sobre sus comentarios de la entrevista.
Las sentencias de muerte fueron las primeros realizadas en Somalilandia desde 2006. Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias como un castigo inherentemente cruel e irreversible.
El 19 de abril, el fiscal impugnó la orden del Tribunal Regional de Hargeisa para liberar Guleid en libertad bajo fianza. En una carta al tribunal de apelación, alegó que Guleid había cometido una serie de delitos, entre ellos la propaganda "anti-nacional", la intimidación del público, y la publicación de información falsa. También acusó Guleid de dirigir una organización no registrada de los derechos humanos, a pesar de que el registro del Centro de Derechos Humanos se ha renovado a partir del 1 de enero, el Tribunal de Apelaciones suspendió la orden de libertad del tribunal inferior.
El 20 de abril, Guleid compareció ante el Tribunal Regional, que ordenó su detención durante otros siete días y lo trasladó a la prisión central de Hargeisa. Los abogados de Guleid pudieron reunirse con él allí.
Los grupos de derechos humanos independientes de Somalilandia se han enfrentado a la obstrucción de las autoridades gubernamentales. En 2007, bajo el gobierno anterior, la Organización de Derechos Humanos Red Somalilandia fue desmantelada efectivamente después de una lucha por el liderazgo que se caracterizó por la interferencia gubernamental abierta.
Durante años, Somalilandia no ha tenido ninguna organización que vigilara los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos fue establecido en 2012. El actual gobierno ha detenido a periodistas, en particular los que han realizado informes sobre la corrupción o de la evolución de las polémicas regiones fronterizas de Sool y Sanaag, y el personal de los periódicos populares acosado. El 21 de abril de 2015, la comisión electoral nacional de Somalilandia anunció que las elecciones nacionales se llevarán a cabo en junio de 2016.
En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, que establece que las personas y las asociaciones tienen derecho "a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales."
"El gobierno de Somalilandia debería asegurarse de que hay espacio para las opiniones disidentes y debate público sobre temas de especial preocupación pública, especialmente cuando se acercan las elecciones", dijo Lefkow. "Las autoridades deben reconocer que las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos son un activo para Somalilandia, no una amenaza."
