En celebración del Día Internacional de la Mujer, y en el marco de la campaña de la ONU Planeta 50-50 para el año 2030: Lograr la igualdad de género, hacemos una revisión del papel del sistema de justicia internacional establecido en el Estatuto de Roma a la hora de promover una cultura global permanente de igualdad de género.
Este objetivo fue acordado el año pasado por la Asamblea General de la ONU como un punto fundamental de su agenda para el desarrollo hasta el año 2030.
El Día Internacional de la Mujer permite poner el foco en la urgencia de la tarea de la CPI de terminar con la impunidad por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra niñas y mujeres.
La sociedad civil global que forma parte de la Coalición por la CPI pide a todos los gobiernos que se comprometan en la promoción de la justicia para niñas y mujeres y ratifiquen el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, e implementen sus disposiciones en materia de género a nivel nacional.
Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y el sistema del Estatuto de Roma
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
El Estatuto de Roma es el primer tratado internacional en criminalizar las persecuciones de género. El Estatuto también insta a interpretar y aplicar toda la legislación de la CPI de forma no discriminatoria, incluso en relación al género.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
El Estatuto de Roma es uno de los primeros tratados internacionales en reconocer los crímenes sexuales y de género como crimen de lesa humanidad, de guerra y, en algunos casos, genocidio.
Reconoce la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, esterilizaciones forzosas, las persecuciones por razón de género, el tráfico de personas y en particular el de mujeres y niños, y la violencia sexual entre los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional.
Los primeros casos de la CPI no consideraban la violencia sexual o los crímenes por razones de género o resultaron en la absolución de los acusados por estos cargos. Aún se espera el veredicto del juicio contra el político congoleño Jean Pierre Bemba el 21 de marzo de 2016. Este caso es el primero ante la CPI que considera la violación como un arma de guerra. En el juicio contra el líder de la milicia congoleña Bosco Ntaganda, actualmente en curso, los magistrados admitieron los cargos por crímenes de violencia sexual y de género presentados, incluyendo el tráfico de personas. El caso contra el comandante del ERS Dominic Ongwen contempla el número más elevado de cargos relacionados con el género hasta la fecha ante la CPI.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
Mientras el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina no se recogen de forma explícita en el Estatuto de Roma, la Fiscal de la CPI considera que el matrimonio forzado puede interpretarse como un crimen de lesa humanidad en el caso contra el líder de la milicia del ERS Dominic Ongwen. De acuerdo con la política de la Fiscalía en materia de género, la Fiscal podrá continuar llevando ante la CPI los actos de violencia sexual, entre los que se incluye la mutilación genital femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social
El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas es una institución que promueve la justicia reparativa de las víctimas de los crímenes reconocidos en el Estatuto de Roma. Entre otras actividades, el Fondo Fiduciario ha coordinado sus actividades con varias ONG en el Norte de Uganda y en la República Democrática del Congo para proporcionar atención psicológica y rehabilitación a las comunidades afectadas, en particular a las afectadas por los crímenes sexuales y de género.
Este tipo de colaboraciones promueven la responsabilidad compartida y la coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad. Las colaboraciones en la RDC suministran asimismo material para mejorar las condiciones económicas, reconstruir las infraestructuras de la comunidad, y crear oportunidades de empleo para las mujeres. El Fondo Fiduciario está esperando que mejoren las condiciones de seguridad antes de lanzar este tipo de programas también en la República Centroafricana.
5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
El Estatuto de Roma también requiere una representación equitativa y balanceada en razón al género del personal y funcionarios de la CPI, incluyendo a los magistrados de la Corte. La Corte estableció que a marzo de 2015, las mujeres constituirían el 48,1% de los puestos profesionales de la Corte.
Así, mientras las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos de rango más bajo, están infrarepresentadas en los puestos de mayor rango.
La Presidenta de la CPI Silvia Fernandez de Gurmendi junto con las Vicepresidentes Joyce Aluoch y Kuniko Ozaki son todas mujeres, así como la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda.
5.a Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
La Women’s Initiatives for Gender Justice, una organización que defiende el equilibrio de género en la CPI, colaboró con otros socios locales de Uganda y WITNESS para realizar un documental titulado “No Más Silencio” en el que se recogen los testimonios de mujeres secuestradas por el ERS. La película pide reformar el Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo de Uganda para asegurar el acceso a la justicia de las mujeres, así como los derechos a una casa, un terreno, sustento y asistencia médica y psicológica.
5.a Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
Las secuelas de la violencia sexual contra las mujeres pueden ser tan destructivas como el crimen en sí mismo, a menudo se traducen en un estigma cultural dentro de la comunidad y, en ocasiones, desencadenan crímenes de honor. El Estatuto de Roma resalta el importante significado de la protección y el uso de la tecnología para permitir a las víctimas de este tipo de crímenes prestar testimonio en los procesos ante la CPI.
El programa de actividades de divulgación y actividades sobre el terreno de la CPI usa también la tecnología, como la transmisión en directo, para acercar a las comunidades afectadas, incluyendo a las víctimas de la violencia sexual y de género, a los procesos en La Haya. Ejemplo de esto fue la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra Dominic Ongwen en enero.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
En 2015, la Fiscal de la CPI lanzó Documento de políticas sobre Crímenes de Violencia Sexual y de Género (CVSG) de la Fiscalía, el primer documento de este estilo para una corte o tribunal internacional. La Fiscalía designó una asesora especial de género, la directora ejecutiva de Women’s Initiatives for Gender Justice Brigid Inder, para ayudar a proyectar la política en general.
En la Asamblea de Estados Partes de 2015, la Ministro de Cultura sueca Alice Bah Kuhnke elogió el nuevo documento de políticas de CVSG de la Fiscalía, que guía las actividades de la Fiscalía y a la vez provee a los Estados de la información necesaria para incorporar las disposiciones sobre VSG en las legislaciones nacionales. Kuhnke agregó que el intercambio de información con la sociedad civil, como los grupos de derechos de las mujeres, son decisivos en el proceso de implementación nacional.
